Dania María Santí Morlanes, miembro del Partido Comunista, exdecana de la Facultad de Lenguas y Comunicación de la Universidad de Camagüey y señalada por su rol en la expulsión del periodista independiente José Luis Tan Estrada, obtuvo la residencia permanente en calidad de madre de una ciudadana estadounidense por una reclamación familiar, según constató Martí Noticias.
Su nombre reaparece en el centro del debate público por denuncias de represión académica documentadas por profesores y alumnos. Sus víctimas piden a las autoridades migratorias que revisen su caso a la luz de esos antecedentes.
En una breve comunicación telefónica, Santí Morlanes negó tener residencia en EEUU, pero fuentes cercanas a la mujer confirmaron que llegó a Estados Unidos en febrero y regresó a Cuba con una green card en septiembre de este año.
“La que puso la firma”
En entrevista con este medio, los periodistas José Raúl Gallego (exprofesor) y Tan Estrada (exalumno y exdocente) describieron la trayectoria de Santí y su papel en sanciones disciplinarias contra voces críticas en la universidad.
Gallego relató que en 2018 Santí firmó la sanción que lo degradó de profesor a una plaza de menor remuneración y le prohibió impartir clases o tutorías, después de que escribiera en medios independientes y defendiera a un estudiante amenazado con expulsión. “Ella fue la ejecutora visible —dijo—, la firma que convirtió en castigo la orden política”.
En su rol de decana, Dania María Santí Morlanes se alineó sin fisuras con los mecanismos internos de control ideológico.
Tan Estrada afirmó que el 30 de noviembre de 2022 Santí le leyó su expulsión de la Universidad de Camagüey “con satisfacción”, argumentando que sus publicaciones en redes constituían una “influencia negativa”. A partir de entonces, aseguró, sufrió vigilancia, campañas de descrédito, cortes de internet e interrogatorios, hasta verse forzado a salir del país.
Ambos entrevistados coinciden en que Santí fue la cara administrativa de decisiones que, según sostienen, respondían a directrices del rectorado y del Partido en la provincia. “Quien da la cara y estampa su nombre sobre una sanción injusta también es responsable”, apuntó Gallego.
Documentos y patrones
Los entrevistados mostraron a esta redacción copias de las resoluciones disciplinarias firmadas por Santí. Además, mencionaron otros casos de estudiantes que habrían sido castigados o reubicados por su postura crítica.
Tras la reunificación del pedagógico con la Universidad de Camagüey, Santí asumió como decana y —según excolegas— se alineó sin fisuras con los mecanismos internos de control ideológico.
El rol de Dania María Santi Morlanes como ejecutora de sanciones políticas dentro de la Universidad de Camagüey queda demostrado en documentos oficiales.
Documento firmado por la ex decana Dania María Santí Morlanes expulsando a un profesor por escribir en la prensa independiente.
En enero de 2018, en su carácter de decana de la Facultad de Lenguas y Comunicación, firmó la resolución que degradó al profesor y periodista José Raúl Gallego Ramos, acusándolo de colaborar con la plataforma independiente Cuba Posible. En el texto, Santi Morlanes justificó la medida por considerar que esa publicación “no mantiene una línea editorial en correspondencia con los principios de la Revolución”, y calificó la participación de Gallego como una “indisciplina laboral” con potencial de afectar “la formación ética e ideológica de las futuras generaciones de profesionales”.
Organizaciones independientes han documentado por años un patrón de control ideológico en centros de educación superior, con sanciones o expulsiones para estudiantes y docentes que disienten públicamente. Las autoridades universitarias —decanos, jefes de departamento, consejos académicos— suelen fungir como eslabones administrativos que convierten en actos concretos las órdenes políticas: desde la apertura de procesos disciplinarios hasta la firma de resoluciones de expulsión.
De la represión al “sueño americano”
De acuerdo con la información verificada por este medio, Santí ingresó a Estados Unidos mediante reclamación familiar y obtuvo la residencia permanente como IR-5 (madre de ciudadana). Su caso abre preguntas entre las víctimas: ¿Declaró en su proceso migratorio su papel como autoridad académica en sanciones por motivos políticos? ¿Debe evaluarse si entraría en categorías de inadmisibilidad por abusos de derechos humanos?
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba dijo a Martí Noticias que el nombre de Santí Morlanes fue incluído en los listados de represores remitidos a miembros del Congreso y a agencias pertinentes para su evaluación administrativa. Expertos consultados señalaron que, en general, una residencia puede ser reexaminada si se demuestra omisión material o fraude en la solicitud, o si emergen elementos compatibles con causales legales de inadmisibilidad. Cada caso, no obstante, requiere debido proceso y prueba documentada.
“Las acciones tienen consecuencias”
“Esto no es venganza, es memoria y responsabilidad”, dijo Gallego. “Quien colaboró con la persecución política en la universidad debe responder por ello cuando busca protección en un país que garantiza los derechos que negó a otros”.
Tan Estrada, por su parte, recordó que “mientras exiliaba a profesores y estudiantes de las aulas, hoy disfruta de las libertades que negó”. Ambos pidieron a autoridades y medios mantener la vigilancia cívica para que no se normalicen estos antecedentes.
Martí Noticias intentó contactar telefónicamente a la hija de Santí Morlanes para recoger su versión sobre estos señalamientos. Al cierre de este reportaje no hubo respuesta. Su testimonio será incorporado íntegramente si decide ofrecerlo.